El parque vehicular de la República Dominicana continúa creciendo a un ritmo sostenido, pero hay un dato que llama particularmente la atención: las motocicletas ya no son simplemente una parte importante del tránsito nacional, sino el componente predominante. Las cifras oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) confirman una tendencia que transforma la movilidad del país y, al mismo tiempo, plantea serios desafíos en materia de seguridad vial.
Al 31 de diciembre de 2023, las motocicletas representaban el 56.5 % del total del parque vehicular nacional. Un año después, al cierre de 2024, esa proporción aumentó a 57.0 %, lo que equivale a 3,531,967 motocicletas de un total de 6,194,052 vehículos de motor registrados. Las proyecciones y reportes periodísticos para finales de 2025 presento un estimado de 6,589,164 vehículos, el 57.16 % corresponde a motocicletas, es decir, alrededor de 3,805,712 unidades.
Estas cifras evidencian una realidad contundente: más de la mitad de los vehículos que circulan en la República Dominicana son motocicletas.
Un fenómeno de crecimiento acelerado
El aumento sostenido de motocicletas en las calles responde a múltiples factores: su menor costo frente a los automóviles, el bajo consumo de combustible, la facilidad de financiamiento y su utilidad tanto para el transporte personal como para actividades económicas (mensajería, reparto, motoconcho, entre otros).
Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no ha sido acompañado, en la misma proporción, por una cultura de respeto a las normas de tránsito ni por un fortalecimiento suficiente de los mecanismos de fiscalización y educación vial.
Cuando más del 57 % del parque vehicular está compuesto por motocicletas, cualquier conducta imprudente deja de ser un hecho aislado y se convierte en un problema estructural de seguridad pública.
El peligro en las calles
El incremento del número de motoristas en circulación trae consigo un riesgo creciente para conductores, peatones y para los propios motociclistas. En la práctica diaria se observan múltiples imprudencias que agravan la situación que van desde; transitar a alta velocidad en vías urbanas, conducir en vía contraria, realizar cruces temerarios entre vehículos, circular entre carriles sin respetar la distancia de seguridad, conducir sin casco de protección y transportar pasajeros que tampoco utilizan casco.
Estas conductas no solo violan las normas básicas de tránsito, sino que multiplican la probabilidad de accidentes graves y fatales. La motocicleta, por su propia naturaleza, ofrece menor protección física que un automóvil. Ante un impacto, el cuerpo del conductor queda expuesto casi por completo.
Cuando a esa vulnerabilidad se le suma la imprudencia, el resultado es previsible: aumento de lesiones severas, presión sobre los servicios de salud y un alto costo social y económico para el país.
Un desafío de orden público y cultural
El crecimiento del parque de motocicletas plantea una pregunta inevitable: ¿está el país preparado para gestionar este fenómeno?
La respuesta no puede limitarse al control policial. Se requiere una estrategia integral que incluya medidas como; educación vial obligatoria y efectiva, fiscalización constante y sanciones ejemplares, regulación más estricta del uso del casco, campañas permanentes de concienciación y registro y formalización del sector motoconcho.
La problemática no es la motocicleta en sí misma, sino el uso irresponsable que una parte significativa de los conductores hace de ella. La normalización de la imprudencia ha generado una percepción de impunidad que debe ser enfrentada con firmeza institucional.
Una advertencia para el futuro
Si la tendencia se mantiene, para los próximos años el país podría superar los cuatro millones de motocicletas en circulación. Esto significa más congestión, mayor exposición al riesgo y una presión creciente sobre la infraestructura vial.
El dato estadístico —57 % del parque vehicular compuesto por motocicletas— no es solo una cifra técnica. Es una señal de alerta. El crecimiento sin control y sin educación adecuada puede convertir la movilidad en una amenaza constante.
La República Dominicana enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y seguridad. La motocicleta seguirá siendo una herramienta útil y necesaria para miles de dominicanos, pero su expansión debe ir acompañada de responsabilidad, cumplimiento de la ley y una transformación profunda en la cultura vial.
Porque cuando la imprudencia se vuelve cotidiana, el peligro deja de ser excepcional y pasa a formar parte del paisaje diario. Y eso, como sociedad, no podemos permitirlo.
La autora es Marianela Henriquez, Ing. de Sistemas y Computación, especialista en GTE.
marianela.virginia@gmail.com
Crecimiento acelerado y riesgos crecientes en las calles dominicanas
El parque vehicular de la República Dominicana continúa creciendo a un ritmo sostenido, pero hay un dato que llama particularmente la atención: las motocicletas ya no son simplemente una parte importante del tránsito nacional, sino el componente predominante. Las cifras oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) confirman una tendencia que transforma la movilidad del país y, al mismo tiempo, plantea serios desafíos en materia de seguridad vial.
Al 31 de diciembre de 2023, las motocicletas representaban el 56.5 % del total del parque vehicular nacional. Un año después, al cierre de 2024, esa proporción aumentó a 57.0 %, lo que equivale a 3,531,967 motocicletas de un total de 6,194,052 vehículos de motor registrados. Las proyecciones y reportes periodísticos para finales de 2025 presento un estimado de 6,589,164 vehículos, el 57.16 % corresponde a motocicletas, es decir, alrededor de 3,805,712 unidades.
Estas cifras evidencian una realidad contundente: más de la mitad de los vehículos que circulan en la República Dominicana son motocicletas.
Un fenómeno de crecimiento acelerado
El aumento sostenido de motocicletas en las calles responde a múltiples factores: su menor costo frente a los automóviles, el bajo consumo de combustible, la facilidad de financiamiento y su utilidad tanto para el transporte personal como para actividades económicas (mensajería, reparto, motoconcho, entre otros).
Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no ha sido acompañado, en la misma proporción, por una cultura de respeto a las normas de tránsito ni por un fortalecimiento suficiente de los mecanismos de fiscalización y educación vial.
Cuando más del 57 % del parque vehicular está compuesto por motocicletas, cualquier conducta imprudente deja de ser un hecho aislado y se convierte en un problema estructural de seguridad pública.
El peligro en las calles
El incremento del número de motoristas en circulación trae consigo un riesgo creciente para conductores, peatones y para los propios motociclistas. En la práctica diaria se observan múltiples imprudencias que agravan la situación que van desde; transitar a alta velocidad en vías urbanas, conducir en vía contraria, realizar cruces temerarios entre vehículos, circular entre carriles sin respetar la distancia de seguridad, conducir sin casco de protección y transportar pasajeros que tampoco utilizan casco.
Estas conductas no solo violan las normas básicas de tránsito, sino que multiplican la probabilidad de accidentes graves y fatales. La motocicleta, por su propia naturaleza, ofrece menor protección física que un automóvil. Ante un impacto, el cuerpo del conductor queda expuesto casi por completo.
Cuando a esa vulnerabilidad se le suma la imprudencia, el resultado es previsible: aumento de lesiones severas, presión sobre los servicios de salud y un alto costo social y económico para el país.
Un desafío de orden público y cultural
El crecimiento del parque de motocicletas plantea una pregunta inevitable: ¿está el país preparado para gestionar este fenómeno?
La respuesta no puede limitarse al control policial. Se requiere una estrategia integral que incluya medidas como; educación vial obligatoria y efectiva, fiscalización constante y sanciones ejemplares, regulación más estricta del uso del casco, campañas permanentes de concienciación y registro y formalización del sector motoconcho.
La problemática no es la motocicleta en sí misma, sino el uso irresponsable que una parte significativa de los conductores hace de ella. La normalización de la imprudencia ha generado una percepción de impunidad que debe ser enfrentada con firmeza institucional.
Una advertencia para el futuro
Si la tendencia se mantiene, para los próximos años el país podría superar los cuatro millones de motocicletas en circulación. Esto significa más congestión, mayor exposición al riesgo y una presión creciente sobre la infraestructura vial.
El dato estadístico —57 % del parque vehicular compuesto por motocicletas— no es solo una cifra técnica. Es una señal de alerta. El crecimiento sin control y sin educación adecuada puede convertir la movilidad en una amenaza constante.
La República Dominicana enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y seguridad. La motocicleta seguirá siendo una herramienta útil y necesaria para miles de dominicanos, pero su expansión debe ir acompañada de responsabilidad, cumplimiento de la ley y una transformación profunda en la cultura vial.
Porque cuando la imprudencia se vuelve cotidiana, el peligro deja de ser excepcional y pasa a formar parte del paisaje diario. Y eso, como sociedad, no podemos permitirlo.
La autora es Marianela Henriquez, Ing. de Sistemas y Computación, especialista en GTE.
marianela.virginia@gmail.com
